La cuantiosa pasantía al extranjero de los concejales de Quilpué que descansa hace más de un año en Contraloría
En septiembre de 2017, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió un informe que dictaminó que los actuales concejales de Quilpué, Maximiliano Gac y Úrzula Mir, además del ex concejal por la comuna en el periodo 2012-2016, Christian Cárdenas, debían reintegrar la suma de $19 millones por pasantías en España y Francia durante 2015. Según el informe, no se cumplieron los objetivos requeridos por la municipalidad. Por consecuencia, los concejales Gac y Mir decidieron realizar una contestación ante el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General, que actualmente descansa hace más de un año en los archivos del ente fiscalizador y que podría dejar sin efecto la causa.
Por: Elías Miranda
Concejales “on tour”
Eran pasadas las 16 horas del 6 de enero de 2015, cuando el concejal Maximiliano Gac informaba al concejo municipal sobre la invitación a una gira técnica en el extranjero, organizada por un miembro de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). La aprobación del Concejo Municipal fue unánime: Úrzula Mir, Maximiliano Gac y Christian Cárdenas, alistaban las maletas para dirigirse a Bilbao (España) y Toulouse (Francia) entre el 5 y 14 de febrero del mismo año. La invitación venía de parte de la empresa Consultora de Capacitación y Gestión Pública Ltda., quienes se dedican “a realizar capacitaciones a todo sector público, tanto centralizado, como descentralizado, como así mismo asesoría jurídica al sector privado”, según consigna su página web.
El evento denominado como “Modelo de Integración Público Privada”, tenía un costo de $2.800.000 por inscripción y traslado de los concejales entre las ciudades aludidas. Mediante el decreto de pago N° 1.230, la municipalidad desembolsó $5 millones 800 mil para costear la pasantía de Úrzula Mir (Renovación Nacional) y Maximiliano Gac (Partido Socialista). Además, se les asignó otros $5 millones 110 mil por concepto de viático internacional.
A través de una orden de compra, la municipalidad gestionó los pasajes con la empresa Andina de Turismo SPA por $5.766.864, que no solo incluía la participación de Maximiliano Gac y Úrzula Mir, sino también la de Christian Cárdenas, quien finalmente desistió de su participación, postergando el viaje para nueves meses después.
El 20 de octubre de 2015, el entonces concejal Christian Cárdenas, recibió una invitación de parte de la Asociación para la Revitalización de Bilbao Metropolitano, en el marco de la actividad denominada “Foro-Pasantía 2015”, celebrada entre el 25 de noviembre y 2 de diciembre de ese año. El Concejo Municipal aprobó su participación, lo que dio paso a que la municipalidad emitiera una orden de compra por concepto de multas, ya que Cárdenas cambió en dos ocasiones los pasajes. La primera multa corresponde a $192.000, originadas por el cambio de pasajes ida y vuelta Santiago-Madrid, para los días 13 y 20 de octubre de 2015; mientras que la segunda se atribuye a $205.200 pesos, por un nuevo cambio de pasajes, esta vez Santiago-Madrid-Bilbao (ida y vuelta) entre el 24 de noviembre y 3 de diciembre del mismo año.
Cabe mencionar que las multas por los cambios de pasaje fueron a cargo de la municipalidad, lo que en un principio fue el motivo por el cual los concejales Maximiliano Gac y Úrzula Mir recurrieron a Contraloría para que investigaran posibles irregularidades en la pasantía de Cárdenas.
Finalmente, la Contraloría Regional de Valparaíso extendió la investigación y concluyó que de los tres aludidos, “no se acreditó la participación y cumplimiento de las funciones institucionales encomendadas por el Concejo Municipal de Quilpué”, solicitando a los involucrados el reintegro de $19 millones al municipio.
No existe reintegro hasta la fecha
A través de Ley de Transparencia, la Municipalidad de Quilpué señaló que hasta la fecha no hay registro sobre la restitución de los fondos, teniendo en cuenta que Contraloría ordenó el reembolso dentro de un plazo de 30 días en septiembre de 2017. El Arrebato se contactó con Mario Herrera, abogado representante de Úrzula Mir y Maximiliano Gac, quien indicó que los concejales, inconformes con el dictamen, decidieron ingresar una contestación al Tribunal de Cuentas de Contraloría para resolver la situación. En relación al estado de la causa, Herrera comentó que “debido a que ha pasado más de un año, la causa debiese quedar sin efecto según lo señala la ley, por lo que mis representados debiesen quedar sobreseídos”.
Respecto a lo dicho por Herrera, según el artículo 113 de la Ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, “toda cuenta será examinada y finiquitada en un plazo que no exceda de un año, contado desde la fecha en que haya sido recibida por la Contraloría. Si vencido este plazo no hubiere sido fallada, cesará la responsabilidad administrativa del cuentadante y la que pueda afectar a terceros (…)”. En resumen, si Contraloría no emite un fallo dentro del plazo de un año, la causa debiese quedar sin efecto. Cabe mencionar que la contestación fue ingresada en junio de 2018.
Sin embargo, en conversación telefónica con María Eugenia Quappe, secretaria abogada del Juzgado de Cuentas, indicó que lo dicho por el abogado de los concejales “no es efectivo”. Al ser consultada por el año de plazo que se menciona en la ley, Quappe indicó que “nosotros estamos insertos en Contraloría, pero actuamos como tribunales independientes. Cuando Contraloría examina las cuentas y entre que recibe los antecedentes, si quieren hacer un reparo, tienen hasta un año; pero una vez que se inicia el juicio, no existe un límite de plazo”.
Respecto a la demora del fallo, Quappe señaló que “se están tramitando alrededor de seiscientos y setecientos juicios, por ende, se hace lo posible con los recursos humanos que tenemos”, declaró.
En un principio la restitución de los fondos era de $19.492.811, correspondiente a 447,66 UTM, pero debido a que la Unidad Tributaria Mensual se valoriza año a año, el reembolso actualmente sería alrededor de $22 millones.
A esperas de que se notifique
El Arrebato accedió a los documentos del juicio de cuentas “76/2018”. Entre esos documentos, existe un oficio el cual fue emitido el 28 de octubre del presente año, donde se detalla lo siguiente:
“Se recibe la causa a prueba por el término de 15 días hábiles. Se fijan como hechos sustanciales, pertinentes y controvertido sobre los cuales deberán recaer los siguientes:
- Antecedentes que fundamente la asistencia de los concejales Mir Arias, Gac Solar y Cárdenas Silva a las capacitaciones denominadas modelos de Integración público-privado realizado en España y Francia, y Foro-Pasantía 2015, realizado en la ciudad de Bilbao, España.
- Antecedentes que den cuenta sobre dichas actividades de capacitación, relacionadas con la gestión municipal.
- Participación de los cuentandantes, a la autorización de los decretos de pago N° 629, 1.147, 2.301, 2.233, 5.801, 6.447; todos de 2015.
Desde Contraloría comentaron que el oficio debe dirigirse a un “receptor”, el cual comunica a los involucrados las medidas señaladas anteriormente, teniendo como cinco días de plazo la entrega de los antecedentes desde el momento en que se les notifique. El oficio todavía no se les ha notificado a los involucrados, según confirmó el propio abogado de los concejales, Mario Herrera.
El Arrebato intentó en repetidas ocasiones comunicarse con el ex concejal Christian Cárdenas, sin embargo, no hubo respuesta por parte de uno de los favoritos para quedarse con la alcaldía de Quilpué en las próximas elecciones municipales de 2020. En tanto, la concejala Úrzula Mir solo se limitó a facilitar el número telefónico de su abogado (Mario Herrera). Por su parte, el concejal Maximiliano Gac afirmó que el proceso estaba judicializado en el Juzgado de Letras, lo que se contradice con los documentos revisados por este medio y lo dicho por su abogado respecto al proceso que se lleva acabo en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República.