Aguas Chañar, la controvertida sanitaria que entre 2015 y 2018 recibió más de $1.600 millones en multas

Malos recuerdos en Atacama trajo la alerta sanitaria decretada en Osorno por el derrame de petróleo ocurrido en la planta de la empresa Essal. Y es que la región minera no ha estado libre de sufrir con el mal funcionamiento de los procesos de las firmas. Según el registro de sanciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la empresa que administra el suministro en Copiapó percibió un total de 26 sanciones en solo tres años.

Por: Elías Miranda

Más de nueve días han pasado desde que se confirmó el derrame de petróleo en Osorno, en una de las plantas de la sanitaria Essal, concesionaria que gestiona el suministro de agua potable en la X región. La situación fue de tal envergadura, que solo este domingo 21 de julio se restableció la totalidad del suministro, provocando un descontento generalizado entre los osorninos. Incluso, la crisis decantó en una visita a la zona por parte del presidente Sebastián Piñera el pasado martes.

Essal, controlada por Aguas Andinas, está en el blanco de las críticas por su administración. Sin embargo, los dardos no sólo apuntan a esta firma. A nivel nacional, son diversas las sanitarias que han sido cuestionadas por su labor. Entre ellas, se encuentra Aguas Chañar, la empresa de la Región de Atacama que en 2018 cambió de dueños, y que hoy por hoy, lleva a cuestas un historial marcado por ser la empresa sanitaria peor evaluada  en 2014. 

Tras el aluvión de 2015 que afectó a la región, en el denominado 25M, la calidad del servicio en la región empeoró drásticamente, luego del deterioro de la red de agua potable por los efectos de la catástrofe. En su momento, la empresa fue cuestionada por el contrato con empresas asociadas por más de $10 mil millones, con propósito de contrarrestar los embates de  ese trágico 25 de marzo. 

Aluvión de 2015

PESO A PESO

Entre 2015 y 2018, según el registro de sanciones de la SISS, la compañía recibió 26 multas: 23 de ellas por incumplimiento en la Calidad de Servicio y otras 3 por la gestión en el Plan de Desarrollo. Las sanciones entre los años mencionados, son de un total de 2.945 UTA (Unidad Tributaria Anual), que corresponderían aproximadamente a más de 1.600 millones de pesos, según las estimaciones realizadas a la fecha para este reportaje. 

En 2015, la SISS multó a Aguas Chañar por más de 180 millones de pesos (334 UTA); en 2016, la cifra más alta, se acrecentó por sobre los 570 millones de pesos (1029 UTA); para 2017, las sanciones alcanzaron los $440 millones (792 UTA); y finalmente en 2018, se presentó casi la misma cantidad que el año anterior: $450 millones (790 UTA). Además, entre 2015 y 2018, Aguas Chañar ocupó el tercer puesto entre las empresas con las sanciones más elevadas, por debajo de las sanitarias Esval y Essbio respectivamente. (Ver tabla 1).

(Tabla 1)


Si bien las 26 multas equivalen a $1.600 millones, Aguas Chañar es la empresa con menos cantidad de multas, en contraste con las otras sanitarias. El valor de las sanciones depende de las UTA que se le otorguen. De hecho, Nueva Sur, Essal y Aguas Araucanía recibieron  una mayor cantidad de multas que Aguas Chañar entre 2015 y 2018, pero con menos valor tributario, que depende del criterio sancionatorio de la Superintendencia para cada caso. (Ver tabla 2 y 3).

(Tabla 2)

(Tabla 3)


“EL PESO DE LA LEY ES UN KILO DE PLUMAS”

En conversación con Christian Guzmán, ex presidente de la Coordinadora por la defensa del agua en Copiapó, organización que trabajó en la zona por casi una década, indicó que las multas de parte de la SISS son irrisorias en comparación al daño que la sanitaria ha provocado en la región. 

“Cuando dicen que van a sancionar con multas ejemplificadoras, que van a golpear la mesa, es mero espectáculo. Para las sanitarias, el peso de la ley es un kilo de plumas. Es más, la ley de la superintendencia la hicieron la misma fecha que hicieron las concesiones de agua. Todo estaba hecho para que no se asustaran los inversionistas. Tenían todo listo”. 

En 1989, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se promulgó la Ley N° 19.885 para la actividad empresarial en materia de agua potable y alcantarillado. Dicha ley, fue publicada el 12 de enero de 1990 en el diario oficial. 15 días después de esa publicación, curiosamente aparecía en el diario oficial, la Ley N° 18.902, que creaba la Superintendencia de Servicios Sanitarios, también promulgada en 1989. 

“Una de las cosas que se pueden hacer, y creo que es la principal, es devolverle el agua a la gente. En Maipú, ¿de quién es el agua? del municipio, o sea, de la gente. La municipalidad reinvierte en la comunidad, porque no genera utilidades, va directamente en beneficio de la comuna. Así de simple. Es una tontera esto de tener privatizada el agua. Fíjate que Osorno, en un comienzo, habían franceses que venían a invertir millones, porque claro, con las leyes que hay acá en Chile, les conviene venir a ganar plata, la tienen fácil”, afirmó el dirigente. 

En cuanto a la calidad del agua, Guzmán manifestó que en Copiapó desde hace años “hay un alza de cálculos renales por la calidad del agua”. En 2011, según un estudio realizado por el Dr. Mario Navarro, para el Hospital Regional de Copiapó, se concluyó que las causas del cálculo renal en la región se deben en un 50% al factor hereditario, mientras que el resto es consecuencia de la calidad y consumo del agua potable. Mira el estudio AQUÍ.

“ESTAMOS EMPEZANDO DE NUEVO”

Consultado por El Arrebato, Erwin Kehr, jefe subrogante de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS )de Atacama, señaló que respecto al monto de las sanciones, “Aguas Chañar desde 2018 pertenece al grupo Aguas Nuevas, entonces, estamos empezando de nuevo, tenemos que darle otra mirada. Los nuevos dueños están en una política de inversiones e infraestructura. La idea de ellos es mejorar la calidad del servicio”. Pese al cambio de firma, “la nueva controladora debe asumir todos los compromisos establecidos por la administración antigua”. Entre esos compromisos, está la colaboración con la desaladora estatal que aún está en etapa de construcción. 

Uno de los momentos críticos que se vivió entre Aguas Chañar y la SISS, fue cuando en 2017, en una reunión entre los directivos de la empresa, autoridades y la comunidad; el jefe regional de la Superintendencia, Francisco San Martín Osses, indicó como “negligente” la administración de la concesionaria, manifestando que la empresa “nos miente y oculta las cosas”, todo esto, a raíz de la contaminación del agua potable en Freirina, durante marzo de 2017. 

En aquel entonces, al igual que la semana pasada en Osorno, un derrame de petróleo interrumpió el suministro en la pequeña comuna de la tercera región. Uno de los motivos de esa reunión, era llegar al término de la concesión con la compañía, luego del episodio de contaminación en Freirina, pero todo quedó en una nebulosa de la que nunca hubo claridad. 

EL CAMBIO DE AIRE

El 12 de agosto de 2004 se formalizó la transferencia de la concesión por parte de Emssat S.A hacia Aguas Chañar S.A, por un periodo de 30 años. En abril de 2018, casi catorce años después, las firmas Icafal e Hidrosan vendieron el 100% de Aguas Chañar a una sociedad integrada por la japonesa Marubeni Corporation (Aguas Nuevas, holding que controla otras cuatro sanitarias del país) y Toesca Asset Management, con el propósito de darle un cambio de aire a la empresa y dejar atrás un oscuro pasado. 

Ambas compañías vienen realizando compras mediante una alianza estratégica: en agosto del año pasado adquirieron GasValpo.

Nos comunicamos con Aguas Chañar y manifestaron que la nueva administración, “hizo una revisión completa, tanto del plan de desarrollo como de nuevas inversiones”. Según Sebastián Espinoza, Jefe de Comunicaciones y Comunidades de Aguas Chañar, “durante los meses después de agosto 2018 y lo transcurrido de 2019, se han realizado inversiones en alcantarillado, renovación en las redes de agua potable, reformulación de las plantas de tratamiento de aguas servidas y las inversiones en el plan de calidad: como las ampliaciones en las plantas de Tierra Amarilla y una de las plantas en Copiapó”, dijo. 

Además, señaló que “la nueva administración ha tomado las medidas correspondientes frente a las multas de los años anteriores. Durante el 2017 ya venía el Plan Atacama, que es un plan desarrollado en conjunto con la Superintendencia de Servicio Sanitarios, que viene a subsanar las multas efectuadas. La administración actual tomó el Plan Atacama y se hicieron mejoras en función de la continuidad del servicio”, declaró Espinoza.

LA TARIFA MÁS ALTA

Según un estudio realizado por Fundación Aquae (española), Copiapó es la segunda ciudad que paga la tarifa más alta de agua potable en América Latina, con 316 dólares al año por habitante; por debajo de La Serena que se encuentra en el primer lugar con 346 USD. Desde Aguas Chañar sostuvieron que “la empresa se encuentra constantemente mejorando la eficiencia de los distintos sistemas que utilizamos, pero se debe destacar que la tarifa final es definida por la SISS y el Ministerio de Economía; por lo que como empresa nos apegamos a los cobros indicados”. 

Entre 2015 y 2018, los registros de la calidad de agua potable constatan una gran cantidad de observaciones por el no cumplimiento en los parámetros de nitratos, sulfatos y sólidos disueltos. Esto, debido a la gran cantidad de minerales en el subsuelo del norte de Chile y a la falta de tecnología de parte de la concesionaria. Además, debido a la crisis hídrica que vive la región (y el país), cada vez se extrae agua de más abajo, por lo que la filtración de minerales se complejiza aún más. Por lo mismo, el Estado desembolsó US$ 250 millones en la desaladora, que hasta el momento, ya tiene su primera etapa lista. Desde Aguas Chañar comentaron que se espera que para 2021 ya esté operando. 

 

 

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